El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una pieza separada para obligar al Ayuntamiento de Madrid a cumplir la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones. La decisión podría frenar el cobro de miles de multas y embargos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso firme para que el Ayuntamiento de Madrid ejecute la sentencia que en septiembre de 2024 anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. A instancias de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado la apertura de una pieza separada para tramitar la ejecución forzosa del fallo, que ya fue ratificado por el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de casación municipal.
El tribunal ha concedido un plazo improrrogable de 20 días al Ayuntamiento y al resto de las partes para presentar sus alegaciones. Con esta medida, se busca evitar que cientos de miles de conductores madrileños tengan que recorrer un «insoportable peregrinaje de recursos judiciales», según la asociación que ha promovido la acción.
La decisión no implica la anulación automática de todas las multas, sino que abre un procedimiento para determinar cómo debe cumplirse la sentencia firme. Sin embargo, las últimas resoluciones judiciales aumentan la presión sobre el Consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida y podrían tener importantes consecuencias tanto para las sanciones pendientes como para los procedimientos de cobro que siguen en marcha.
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha sido tajante: «El Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de administración tramposa ante los ciudadanos, al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho. Por ello, exigimos la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida».
La organización de defensa de los conductores ha solicitado de forma reiterada al Gobierno municipal la paralización de los cobros y embargos que la Agencia Tributaria de Madrid sigue ejecutando para cobrar unas sanciones declaradas ilegales. Según AEA, el volumen de multas afectadas supera los 3,5 millones de expedientes, con un valor estimado de 700 millones de euros.
De forma paralela, una cascada de sentencias de distintos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid está desmontando la estrategia del equipo de gobierno de Almeida, que pretendía limitar el impacto de la nulidad exclusivamente a las multas impuestas en los distritos de especial protección ‘Madrid Distrito Centro’ y ‘Plaza Elíptica’. Los juzgados número 15, 34 y 29, entre otros, han unificado criterio y obligan al Consistorio a anular todas las multas de 200 euros impuestas en cualquier calle afectada por las ZBE de la capital, al considerar que las sanciones carecen de base legal tras la nulidad de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Los tribunales razonan que la anulación de los anexos de la ordenanza deja sin fundamento el artículo que regulaba las restricciones, y que debe aplicarse retroactivamente la norma más favorable al ciudadano mientras la sanción no sea firme. Esta interpretación judicial supone un varapalo para el Ayuntamiento, que ve cómo se desmorona su plan para minimizar el coste económico y político de la nulidad.
El impacto económico para las arcas municipales es mayúsculo. Según los datos manejados por AEA, el coste de las multas anuladas supera los 663 millones de euros en relación con los 3,4 millones de expedientes abiertos. A esta cifra habría que sumar los gastos de gestión y los posibles intereses de demora si se ordena la devolución de lo cobrado.
La situación genera incertidumbre entre los conductores madrileños, muchos de los cuales han recibido notificaciones de embargo o han pagado ya la sanción. Las asociaciones de automovilistas recomiendan a los afectados que no abonen ninguna multa relacionada con las ZBE hasta que se aclare el panorama judicial, y que, en caso de haber pagado, conserven los justificantes para reclamar la devolución.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la apertura de esta pieza separada. Fuentes municipales consultadas señalan que están estudiando la resolución y que presentarán alegaciones en el plazo concedido. Mientras tanto, la Agencia Tributaria de Madrid continúa con los procedimientos de cobro, lo que podría generar nuevas controversias legales.
La ordenanza de ZBE fue aprobada en 2021 con el objetivo de reducir la contaminación en la capital, pero el TSJM la anuló por falta de informes económicos y de medios alternativos para los ciudadanos. El Supremo confirmó la nulidad en 2024, dejando sin efecto las restricciones de tráfico y las sanciones asociadas. Ahora, la ejecución forzosa pretende que el Consistorio cumpla íntegramente el fallo, sin más dilaciones.
Para los vecinos de Madrid, la noticia supone un respiro ante la posibilidad de que se paralicen los embargos y se devuelva el dinero cobrado indebidamente. No obstante, el proceso judicial aún puede alargarse si el Ayuntamiento recurre o plantea nuevas alegaciones. Los expertos jurídicos consultados consideran que, dado el respaldo del Supremo, las opciones del Consistorio para evitar la ejecución son limitadas.
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