Una comisión judicial desalojó este miércoles a Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos menores y uno con síndrome de Down, de una vivienda pública en Moratalaz. Naciones Unidas había solicitado la suspensión cautelar del lanzamiento.
El desalojo se produjo a primera hora de la mañana en un inmueble gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, donde la familia residía desde hace cinco años. La madre, Dulce, y sus cinco hijos —entre ellos un niño con síndrome de Down— se quedaron sin techo pese a que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había instado al Estado español a paralizar el procedimiento hasta garantizar una alternativa habitacional adecuada para los menores.
La advertencia de Naciones Unidas
El Comité de la ONU advirtió de que el desahucio podía ocasionar "daños irreparables" a los menores y pidió al Gobierno que suspendiera el lanzamiento o proporcionara una vivienda mientras analiza el fondo del caso. España deberá remitir sus observaciones al organismo internacional antes de enero de 2027. La petición de medidas cautelares fue presentada por la defensa de la familia, que alegó la especial vulnerabilidad de los pequeños.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid sostienen que la familia rechazó tanto la alternativa habitacional ofrecida por los Servicios Sociales como un recurso temporal del Samur Social. Sin embargo, las entidades vecinales y sociales que acompañaban a Dulce denuncian que no existía una propuesta estable de realojo que garantizara el interés superior de los menores.
Concentración de apoyo y antecedentes
Diversos colectivos se congregaron bajo el lema "Dulce se queda" para intentar impedir el desalojo. Un primer intento de desahucio, previsto para el pasado 3 de julio, ya fue suspendido mientras se resolvían distintos recursos, entre ellos la petición ante la ONU. La Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid defiende que el procedimiento se desarrolló "con todas las garantías" y preservando la protección de la unidad familiar.
El caso se suma a una oleada de desahucios que afectan a personas especialmente vulnerables en la región. En los últimos meses, Madrid ha sido escenario de varios lanzamientos con fuerte movilización vecinal, como el de un hombre de 67 años, su hija y su nieta en Vallecas, que fue ejecutado pese a la resistencia de decenas de vecinos. También el de Maricarmen, una octogenaria que afrontó varios intentos de desalojo tras décadas en su casa, adquirida por un fondo buitre.
¿Qué alternativas hay para la familia?
Tras el desahucio, la familia de Dulce ha quedado sin un techo estable. Los servicios sociales municipales ofrecieron un recurso temporal, pero la madre lo rechazó, según el Ayuntamiento. Las organizaciones sociales reclaman una solución habitacional inmediata que tenga en cuenta la discapacidad de uno de los menores. El Comité de la ONU sigue analizando el caso y España deberá presentar alegaciones antes de enero de 2027.
Para los vecinos de Moratalaz y del resto de la Comunidad de Madrid, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas de vivienda que protejan a los colectivos más frágiles. Mientras tanto, colectivos como Stop Desahucios continúan movilizándose para evitar que situaciones como esta se repitan.
¿Por qué se ejecutó el desahucio si la ONU pidió suspenderlo?
Las peticiones de la ONU no son vinculantes para España, aunque el Estado debe responder. El juzgado consideró que no había impedimento legal para ejecutar el lanzamiento.
¿Qué alternativa habitacional ofreció el Ayuntamiento?
Según el Consistorio, se ofreció un recurso temporal del Samur Social y otra alternativa de los Servicios Sociales, pero la familia las rechazó. Las entidades sociales lo niegan.
¿Qué pasará ahora con la familia?
La madre y sus cinco hijos están sin vivienda estable. Los servicios sociales continúan evaluando el caso, y la ONU sigue analizando el fondo del asunto.
