Una familia numerosa de la capital ha sido desalojada este miércoles de su vivienda pese a que Naciones Unidas había solicitado su paralización. Dulce, madre de cinco menores —uno de ellos con síndrome de Down—, se queda en la calle.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid han acompañado durante la mañana de este miércoles a Dulce, una mujer de nacionalidad ecuatoriana, y a sus cinco hijos —de entre 4 y 16 años, uno de ellos con síndrome de Down— en el desalojo de su vivienda, ubicada en el distrito de Usera. La comisión judicial ha ejecutado el lanzamiento a pesar de que la ONU, a través de su relator especial para una vivienda adecuada, había instado al Gobierno español a paralizar la orden de desahucio.
Una crisis de vivienda que no entiende de mediaciones internacionales
El caso de Dulce ha puesto sobre la mesa las grietas del sistema de protección a las familias vulnerables en la Comunidad de Madrid. La mujer llevaba meses alertando de su situación: sin ingresos fijos y con cinco hijos a su cargo, no podía hacer frente al alquiler de la vivienda en la que residía desde hacía varios años. El propietario inició el procedimiento judicial por impago, y el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid dictó el desalojo.
La relatora especial de la ONU sobre una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, envió el pasado mes de junio una comunicación al Gobierno de España en la que solicitaba la suspensión del desahucio, alegando que la familia se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. En su escrito, el relator recordaba que España tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que el desalojo de una familia con menores —y en especial con un niño con discapacidad— debía ser la última opción.
Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo central no llegó a tiempo. Fuentes del Ministerio de Vivienda han asegurado que se estaba estudiando el caso y que se había contactado con el Ayuntamiento de Madrid para buscar una solución alternativa, pero el proceso judicial ya estaba en su fase final. "No hemos podido pararlo", reconocen desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
La intervención de última hora del Ayuntamiento de Madrid
El Consistorio madrileño, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha activado el protocolo de emergencia social. Una vez ejecutado el desahucio, los servicios sociales municipales han ofrecido a Dulce y a sus hijos un alojamiento temporal en un recurso de la red de atención a familias sin hogar. Según ha explicado la delegada de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, María Ángeles Prieto, "se ha hecho todo lo posible por evitar el desalojo, pero la decisión judicial era firme. Ahora nos centramos en garantizar que esta familia tenga un techo y los apoyos necesarios".
La portavoz del gobierno municipal ha añadido que el Ayuntamiento había ofrecido mediación con el propietario para renegociar la deuda, pero el dueño del piso se negó a aceptar cualquier acuerdo. "Es una situación muy dura, pero desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que ninguna familia con menores se quede en la calle", ha afirmado Prieto.
Vecinos de Usera se han concentrado a las puertas del edificio para mostrar su apoyo a la familia. María José, una de las vecinas, ha declarado: "Es una vergüenza que una madre con cinco hijos, uno de ellos con síndrome de Down, acabe en la calle. Hemos pedido al Ayuntamiento que les dé una vivienda social, pero no nos han hecho caso". La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también ha denunciado el desahucio y ha convocado una protesta para los próximos días frente al Ayuntamiento.
Un problema estructural que afecta a miles de familias en la región
El caso de Dulce no es aislado. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la Comunidad de Madrid se ejecutaron más de 4.000 desahucios durante el primer semestre de 2026, una cifra que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Los expertos señalan que la subida de los alquileres y la inestabilidad laboral están detrás de este aumento.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno central en 2023, establece mecanismos para evitar desahucios en casos de vulnerabilidad, como la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan un alquiler social antes de iniciar un procedimiento. Sin embargo, en este caso el propietario era un pequeño inversor particular, lo que dificulta la aplicación de la norma. "La ley tiene lagunas y no protege a las familias cuando el casero es un particular", ha criticado Laura Sánchez, abogada de la PAH.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha defendido la gestión de su departamento y ha asegurado que "la prioridad es que nadie se quede sin techo. Estamos trabajando en un plan de choque para aumentar el parque de vivienda pública". No obstante, las asociaciones de consumidores y los sindicatos de inquilinos consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora.
¿Qué pasará ahora con Dulce y sus hijos?
La familia ha sido trasladada a un centro de acogida municipal en el distrito de Carabanchel, donde permanecerá al menos durante las próximas semanas. Los servicios sociales evaluarán su situación y tratarán de buscar una solución estable, ya sea a través de una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o mediante ayudas al alquiler. Dulce ha mostrado su agradecimiento a los vecinos y a las organizaciones que la han apoyado, pero también su frustración por no haber podido evitar el desalojo. "He luchado hasta el final, pero no ha servido de nada. Ahora solo quiero que mis hijos estén bien", ha declarado entre lágrimas.
El Defensor del Pueblo ha anunciado que abrirá una investigación para determinar si se vulneraron los derechos de la familia y si las administraciones actuaron con la diligencia debida. Mientras tanto, la ONU ha reiterado su llamamiento al Gobierno español para que refuerce los mecanismos de protección ante desahucios de familias vulnerables.
Para los vecinos de Usera y para toda la Comunidad de Madrid, el caso de Dulce es un recordatorio de que la crisis de vivienda sigue golpeando con dureza a las familias más desfavorecidas. Y de que, a veces, ni siquiera la mediación de la ONU es suficiente para frenar una orden de desalojo.
¿Qué ayuda ofrece el Ayuntamiento de Madrid a familias desahuciadas?
El Ayuntamiento activa un protocolo de emergencia social que incluye alojamiento temporal en centros de acogida y evaluación para acceder a vivienda pública o ayudas al alquiler.
¿Qué dice la ley de vivienda sobre desahucios de familias vulnerables?
La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes del desahucio, pero no se aplica a pequeños propietarios particulares.
¿Puede la ONU paralizar un desahucio en España?
La ONU puede emitir recomendaciones y solicitar la suspensión de un desahucio, pero no tiene poder vinculante; la decisión final corresponde a los tribunales españoles.
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