Una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid señala a Francisco Martín Aguirre como responsable de las cargas policiales del 14 de julio. Un joven de 21 años perdió un testículo tras recibir un golpe de porra.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid investiga desde este viernes al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín Aguirre, por su presunta responsabilidad en las cargas policiales que tuvieron lugar la madrugada del 14 de julio en la plaza de Cibeles y sus alrededores. La denuncia, presentada por el experto Guillermo Rocafort, incluye un vídeo y una fotografía de un joven de 21 años que perdió un testículo tras ser golpeado con una porra mientras se retiraba de la zona de celebración por el pase de España a la final del Mundial.
Los hechos ocurrieron tras la victoria de la selección española frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026. Cientos de aficionados se concentraron en la plaza de Colón y en el tramo del paseo de la Castellana que conecta con Cibeles para festejar el triunfo. Según el relato del joven afectado, que ha preferido mantener el anonimato, se encontraba retirándose hacia la acera cuando un agente lo agarró por la espalda y le golpeó en los genitales. «Me agarró por detrás y me dio de lleno con la porra», explicó desde el hospital. Al día siguiente fue intervenido de urgencia en un centro privado, donde los médicos comprobaron que el testículo estaba gravemente dañado y decidieron extirparlo ante el riesgo de necrosis.
La denuncia acusa de prevaricación, lesiones, torturas y delitos contra la integridad moral
El escrito, registrado este 17 de julio ante la Fiscalía que dirige Teresa Peramato, sostiene que el delegado «ordenó con suma violencia a la Policía atacar a los aficionados». La denuncia atribuye a Martín Aguirre un carácter «violento y descontrolado» y señala que existe una «gran alarma social» en torno a su figura. Además, el denunciante vincula al delegado con estructuras que denomina «cloacas gubernamentales» y afirma que habría sido imputado en «sucesivas ocasiones» por violencia policial. La Fiscalía deberá decidir ahora si abre una investigación prejudicial para analizar los hechos.
No es la primera vez que la actuación de Martín Aguirre ante disturbios callejeros termina en los tribunales. En 2024, un juzgado de instrucción de Madrid archivó una denuncia similar contra el delegado por las cargas policiales registradas en la calle Ferraz durante las protestas contra la Ley de Amnistía, después de que la Fiscalía informara a favor de su sobreseimiento. Por el momento, la Delegación del Gobierno en Madrid declina hacer comentarios sobre el caso.
La familia del herido presentará una denuncia individual
Paralelamente, la familia del joven ha anunciado que presentará una denuncia individual, acompañada del parte de lesiones, de manera independiente al escrito colectivo dirigido contra el delegado del Gobierno. El padre del afectado ha insistido en que su hijo «estaba celebrando de forma pacífica» y que «no había hecho nada ni se había enfrentado a ningún policía». Los servicios del Samur atendieron al joven la misma noche de los hechos y le recomendaron inicialmente tratamiento con antiinflamatorios, pero la gravedad de la lesión obligó a la intervención quirúrgica.
Las imágenes difundidas aquella noche muestran a agentes golpeando con sus defensas a varios jóvenes, algunos de los cuales acabaron tendidos en el suelo. La denuncia presentada ante la Fiscalía incluye un vídeo y una fotografía del joven hospitalizado como pruebas gráficas. El denunciante, Guillermo Rocafort, anima a los ciudadanos a registrar la denuncia en masa como un acto cívico para exigir responsabilidades.
Para los vecinos de la Comunidad de Madrid, este caso supone un nuevo episodio de tensión entre la Delegación del Gobierno y la ciudadanía en un contexto de celebraciones multitudinarias. La Fiscalía tendrá la última palabra sobre si las actuaciones policiales fueron proporcionadas o si, por el contrario, se vulneraron derechos fundamentales. Mientras tanto, el joven herido continúa recuperándose en su domicilio, a la espera de que la justicia determine si hubo responsabilidades penales.
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