El próximo 31 de julio vence el plazo para que Canarias ejecute 100 millones de euros en proyectos de descarbonización. Las patronales isleñas temen que, si no se completa a tiempo, el dinero regrese a Madrid y se pierda para las islas.
El plazo para ejecutar 100 millones de euros en ayudas a la descarbonización en Canarias expira el próximo 31 de julio, y las patronales empresariales de las islas han alzado la voz para pedir una prórroga. Temen que, si no se logra una ampliación, esos fondos regresen al Gobierno central y nunca vuelvan al archipiélago. La advertencia llega en un momento en que Bruselas ha dado por buenos los hitos cumplidos por España, lo que deja en manos del Ejecutivo la decisión final.
El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha sido tajante: "No tenemos garantizado que regrese a Canarias". En el entorno empresarial se da por hecho que, una vez que el dinero salga de las islas, no volverá a destinarse a proyectos locales. "Esperemos que recapaciten y que Canarias no pierda por enésima vez el tren de la sostenibilidad", ha añadido Alfonso.
La situación se ha generado porque los proyectos de descarbonización, aunque están adjudicados, no han podido finalizar las obras a tiempo. Según las patronales, los retrasos se deben a la complejidad de los trámites y a los plazos ajustados. Sin embargo, el dinero ya está asignado a iniciativas concretas, lo que, a juicio de los empresarios, debería ser suficiente para justificar su permanencia en las islas.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha señalado que "los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no marcan plazos temporales para la ejecución de proyectos". Ortega se pregunta por qué el Gobierno central no aplica a las comunidades autónomas los mismos criterios que Bruselas aplica a España. "Si a España le basta con que los proyectos estén adjudicados para justificar los fondos, a las comunidades autónomas también debería bastarles", ha argumentado.
La fecha tope del 31 de julio responde a que España debe presentar ante la Comisión Europea, un mes después, la justificación de cada euro recibido. Hasta hace pocas semanas, se temía que los 100 millones tuvieran que devolverse a Bruselas. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comunicado que la Comisión Europea ha felicitado a España por cumplir los hitos y objetivos, y que no es necesario devolver ni un euro. Esto significa que, si el dinero vuelve a Madrid, el Gobierno central podría reasignarlo a otros fines sin que Bruselas lo reclame.
La descarbonización es uno de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea para acceder a los fondos Next Generation, destinados a reactivar la economía tras la pandemia. Canarias ha recibido una parte significativa de esos fondos, pero ahora corre el riesgo de perderlos si no se concede una prórroga.
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, afirmó la semana pasada que, si el Ejecutivo estatal fija una nueva fecha límite a finales de este año, se podría ejecutar el 70% de los proyectos. Pedro Ortega, por su parte, cree que el porcentaje podría ser incluso mayor: "Yo digo que más", ha sostenido.
Las patronales insisten en que los proyectos existen y están en marcha, por lo que no se trata de una falta de planificación, sino de plazos demasiado ajustados. "Los proyectos existen", ha reiterado Pedro Alfonso. "Por tanto, si el dinero está repartido, por mucho que las obras no estén terminadas a tiempo, se han alcanzado los objetivos e hitos".
La pérdida de estos fondos tendría un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas canarias, que son las principales ejecutoras de los proyectos de descarbonización. Además, supondría un freno a la transición energética en las islas, que dependen en gran medida de los combustibles fósiles para su suministro eléctrico.
Desde el Gobierno central, de momento, no ha habido una respuesta oficial a la petición de prórroga. La decisión final corresponde al Ministerio de Hacienda, que deberá valorar si concede una ampliación del plazo o si, por el contrario, reclama el dinero. Mientras tanto, las patronales canarias mantienen su presión para que los fondos no salgan del archipiélago.
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