El Ayuntamiento de Fuenlabrada denuncia que el nuevo centro de acogida para menores migrantes no acompañados, abierto por la Comunidad de Madrid, está en un polígono industrial aislado y sin integración.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE, ha anunciado que recurrirá judicialmente la apertura de un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en el municipio, una decisión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que califica de “unilateral” y tomada “a sus espaldas”. El alcalde, Francisco Javier Ayala, ha denunciado que el centro se ubica en un polígono industrial, alejado del núcleo urbano, y que carece de las condiciones adecuadas para la integración de los menores.
Según Ayala, el centro lleva dos años siendo motivo de conflicto entre el Consistorio y la Comunidad de Madrid. “Se actúa por parte de la Comunidad de Madrid al margen del Ayuntamiento, intentando perjudicar a los menores no acompañados y a Fuenlabrada”, ha declarado el regidor, quien asegura que el Ejecutivo regional ha ignorado al Consistorio en todo el proceso.
El alcalde ha criticado el hacinamiento del centro y su ubicación. “No puede estar en un polígono industrial”, ha señalado, añadiendo que a día de hoy el Ayuntamiento no tiene “ningún tipo de conocimiento de lo que allí se desarrolla”. La falta de información ha llevado al Consistorio a plantearse acudir a los tribunales para paralizar la actividad del centro o exigir su traslado.
Vecinos de Fuenlabrada consultados por este diario han mostrado opiniones divididas. Una residente ha afirmado que los políticos “están que se tiran los trastos por cualquier cosa”, mientras que otra ha expresado que “daría mucha vergüenza que ocurriera algo así cuando está el porvenir y el futuro de un montón de muchachos”. También ha habido quien ha reclamado que ambas administraciones se pongan de acuerdo para que los menores puedan tener “una buena vida, buena educación y un sitio donde estar”.
El conflicto se enmarca en la gestión de los menores extranjeros no acompañados, una competencia autonómica que en Madrid ha generado tensiones con varios ayuntamientos. En este caso, un juez ya ha dado la razón a la Comunidad de Madrid, al considerar que el centro es de su propiedad, pero el Ayuntamiento de Fuenlabrada no se rinde. “Judicialmente recurriremos, pero también denunciaremos”, ha avanzado Ayala, quien no descarta movilizaciones políticas para presionar a la presidenta regional.
Desde la Consejería de Políticas Sociales no han ofrecido declaraciones a este medio sobre las críticas vertidas por el Ayuntamiento. Sin embargo, fuentes del Gobierno regional han defendido en otras ocasiones la necesidad de abrir centros de acogida para dar respuesta a la llegada de menores migrantes, una realidad que en la Comunidad de Madrid ha crecido en los últimos años.
Mientras tanto, el centro de Fuenlabrada sigue operativo. Los vecinos de la zona industrial han mostrado su preocupación por la falta de servicios cercanos y la lejanía del casco urbano. “Deberían estar más centralizados. Si se tienen que reintegrar, ahí no se reintegran”, ha opinado una residente. La polémica pone de relieve las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sobre dónde y cómo deben ubicarse estos recursos asistenciales.
También te puede interesar
