El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha dictado una orden de ejecución contra la Comunidad de Madrid por los daños de la Línea 7B en la calle Nazario Calonge, que ha obligado a realojar a varias familias.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha dado un paso más en su pulso con la Comunidad de Madrid por los daños estructurales que la Línea 7B de Metro está causando en el municipio. El área de Urbanismo del Consistorio ha emitido una orden de ejecución dirigida al Gobierno regional, al que concede un plazo de diez días para que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los vecinos de la calle Nazario Calonge, donde varias familias han tenido que abandonar sus viviendas tras la aparición de nuevos daños.
El Ejecutivo local sostiene que la única administración responsable y competente es la Comunidad de Madrid, que sin embargo atribuye las afecciones a la rotura de una tubería en uno de los inmuebles. Desde el Ayuntamiento rechazan esta versión y recuerdan que los antecedentes administrativos y técnicos demuestran lo contrario: la zona lleva años sufriendo intervenciones continuadas derivadas de la infraestructura metropolitana.
Entre los antecedentes citados por el Consistorio figura la demolición de edificios del complejo dotacional 'El Pilar', situado a escasos metros de las casas afectadas, así como reparaciones en inmuebles aledaños y expedientes de responsabilidad patrimonial abiertos contra el Gobierno regional. Los servicios técnicos municipales concluyen que los daños actuales guardan relación directa con las afecciones de Metro.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha actuado con carácter de urgencia para que las familias no quedaran desatendidas. Se ha facilitado su realojo y se mantiene un acompañamiento social y técnico a los afectados. El alcalde, Javier Corpa, ha sido tajante: “No vamos a permitir que, quienes llevan años sufriendo las consecuencias de la Línea 7B, sean abandonados por la administración responsable y competente. Nuestra prioridad son las familias, su seguridad y la defensa de sus derechos”.
“No vamos a permitir que, quienes llevan años sufriendo las consecuencias de la Línea 7B, sean abandonados por la administración responsable y competente. Nuestra prioridad son las familias, su seguridad y la defensa de sus derechos”.
El regidor ha avanzado que el Consistorio seguirá utilizando todos los instrumentos legales e institucionales a su alcance para exigir una solución definitiva. En esa línea, el pleno extraordinario y urgente convocado el pasado 30 de julio para abordar la situación no logró la unanimidad: el Grupo Municipal Popular no apoyó la declaración institucional que reclamaba a la Comunidad asumir sus responsabilidades, algo que el Gobierno municipal ha lamentado expresamente.
El Gobierno regional, por su parte, ya ha intervenido en el entorno en el pasado, lo que para el Ayuntamiento refuerza su tesis de que los daños están vinculados a la actividad de Metro. El Consistorio exige ahora una respuesta inmediata, coordinada y definitiva que evite que se repitan situaciones como la que atraviesan los vecinos de Nazario Calonge, donde los daños han provocado también afecciones al patrimonio municipal y un grave impacto social.
La orden de ejecución dictada por Urbanismo es el último escalón administrativo antes de posibles acciones legales. Si la Comunidad no responde en el plazo de diez días, el Ayuntamiento podría acudir a los tribunales para hacer valer sus competencias y proteger a los afectados.
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